La reciente derogación de numerosas regulaciones por parte de la Secretaría de Comercio ha generado preocupación sobre su impacto en el bolsillo de los consumidores. Entre las medidas aprobadas se encuentra la autorización a supermercados y otros comercios para cobrar recargos sin informar, así como la eliminación de normas que requerían el reporte de productos y precios por parte de los supermercados.
Representan la eliminación de 69 normas sobre relaciones comerciales y regulación estatal, incluyendo regímenes informativos de precios máximos y SIPRE.
Una de las medidas más controvertidas es la eliminación de normas sobre la exhibición de productos en supermercados, que incluye la derogación de la obligación de exhibir productos de una misma categoría en un mismo espacio del comercio. Además, ya no será obligatorio para los supermercados exhibir productos de pymes, agricultura familiar y cooperativas, siendo ahora solo responsabilidad de los gobiernos provinciales impulsar políticas de acceso a productos regionales en supermercados.
La venta de lugares en góndola en supermercados también carecerá de prohibición.
El impacto en la información disponible para la toma de decisiones es significativo, ya que la falta de datos ciertos sobre productos y precios en supermercados podría inducir a la trampa y el engaño.
Bancos, colegios y universidades
Además, la derogación impactará en la falta de información sobre cuotas en colegios y universidades privadas, así como la ausencia de información sobre tasas de financiamiento e interés por parte de los bancos.
La derogación de regulaciones en el sector bancario permite a los bancos cobrar sin informar tasas de financiamiento e interés, eliminando información sobre tasas adicionales como el interés punitorio, CFT y tasa de prendarios.
En el sector educativo, colegios y universidades privadas ya no estarán obligados a publicar información sobre cuotas, lo que podría dificultar la toma de decisiones financieras para las familias.
En resumen, la derogación de regulaciones por parte de la Secretaría de Comercio plantea desafíos significativos en términos de transparencia, acceso a información y protección al consumidor, lo que podría tener un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos.
